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Amatlán de los Reyes, Veracruz, México
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Familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el penal de La Toma en Amatlán de los Reyes, Veracruz, lanzan un llamado de auxilio ante las presuntas irregularidades que aseguran se cometen en ese centro penitenciario.
A pesar de que en reiteradas ocasiones han denunciado anomalías, los familiares sostienen que nadie los ha atendido, que “todo sigue igual o peor”, y que la red de cobros, privilegios y presuntos abusos continúa operando.
De acuerdo con testimonios, sostener a un PPL dentro del penal se ha convertido en una carga casi imposible para muchas familias, debido a que —afirman— deben pagar por diversos servicios y necesidades básicas.
Entre las principales quejas, refieren la escasez de medicamentos y la insuficiencia de personal médico —pues aseguran que solo existe un médico por turno para atender a más de mil 400 PPL— así como presuntos actos de abuso de autoridad cometidos por custodios.
Los denunciantes señalan específicamente a un custodio de nombre Fito, que dicen es el responsable de que se comentan diversas irregularidades dentro del penal.
Las denuncias también apuntan hacia presuntos cobros clandestinos por visitas conyugales, señalando que una visita sin documentación en regla cuesta al menos 500 pesos.
Insisten en que, al interior del penal existe una estructura de control económico encabezada presuntamente por un interno señalado por secuestro e identificado como Jairo D. y su pareja, Perla, quienes —afirman— tendrían dominio de diversos negocios.
Según los señalamientos, entre las actividades que presuntamente controlan Jairo y Perla, se encuentran además de la venta de cigarros, la panadería, venta y renta de celulares, depósitos, tiendas internas, venta de alimentos y organización de eventos de comida, generando cantidades considerables de ganancias semanalmente.
Los denunciantes aseguran además, que existen privilegios para determinadas personas privadas de la libertad, incluyendo acceso a celulares, refrigeradores, computadoras, clima y personal asignado para trabajos internos, mientras otros PPL carecen incluso de medicamentos.
En los testimonios también se menciona al director del penal, identificado únicamente por el apellido Sobrevilla, a quien acusan de mantener una actitud déspota y de obstaculizar oportunidades laborales o de reinserción para los internos.
Incluso, relatan un presunto caso reciente en el que trabajadores de la panadería habrían sido —tableados— por el custodio «Fito», y enviados al área conocida como COC tras el hallazgo de un recipiente con presunta bebida fermentada.
Las acusaciones señalan además que ciertas áreas restringidas del penal son utilizadas para almacenar mercancía y realizar negocios internos, con presunta tolerancia de autoridades penitenciarias.
Cabe recordar que el tema ha sido denunciado reiteradamente y que en ese penal, autoridades federales han realizado requisa, sin embargo, familiares sostienen que todo sigue igual y piden la intervención de autoridades estatales y organismos de derechos humanos para investigar lo que ocurre al interior de La Toma.
